Desde el comienzo, el gobierno de los EE.UU. fue parte de ASTM. A finales del siglo pasado, la Oficina Nacional de Normas¹ colaboró con ASTM para mejorar los deficientes ferrocarriles nacionales, y contribuyó con la investigación de materiales de hierro y acero en las primeras normas ASTM.

A partir de esa primera decisión consciente de colaborar en el desarrollo de normas de consenso voluntario, el gobierno federal continuó de una manera firme y resuelta al juntar fuerzas con el sector privado. Luego de una historia de colaboración larga, productiva y simbiótica, el gobierno federal y el Congreso de los EE.UU. tomaron otra decisión consciente. En 1995, el Congreso aprobó la Ley Nacional de Transferencia y Avance en Tecnología.²

La NTTAA (por sus siglas en inglés) se convirtió en un modelo de éxito de políticas públicas. Durante el año fiscal 2012, las agencias federales de los EE.UU. informaron una participación de 3,085 miembros en un total de 552 organizaciones dedicadas al desarrollo de normas.³ Actualmente, el gobierno de los EE.UU. es el mayor usuario de normas de consenso voluntario.

Pero esa es solo una parte de la historia. La relación entre las organizaciones de normas de consenso voluntario y el gobierno estadounidense generalmente se considera como una asociación. Es eso, y más. La colaboración entre los sectores privados y públicos es un hilo que se teje en la tela del sistema de normalización voluntaria de los EE.UU., y en las leyes y regulaciones de este país. No existe una relación similar en el mundo.
Esto es lo que la hace diferente: Los participantes del gobierno son individuos que representan los objetivos y puntos de vista de sus organismos, mientras que los miembros individuales de la industria generalmente representan las opiniones de sus empresas. Ambos son participantes activos que forman parte de un consenso. Están interesados en el proceso, ni más ni menos que otro interés que se represente. Este balance público-privado otorga credibilidad a las normas que se pueden utilizar con fines de regulación y de adquisición. No hay vigilancia por parte del gobierno, ni supervisión, ni dirección dominante.

En este proceso, no puede haber ningún sesgo o dominación por parte de ninguno de los sectores. Es un ambiente controlado en el cual los usuarios de la norma (a veces el regulador y el regulado) no desperdician energía en la resistencia, o en batallas por el control. Ellos colaboran. Están en esto juntos. El resultado de esta colaboración, sin importar cuan difícil pueda llegar a ser, es un mayor cumplimiento con la norma, un mayor respeto entre los colegas y una mayor transparencia entre ellos. Es una gran forma de hacer las cosas. Y funciona.

Esta es una asociación de muchos años que es eficiente y extraordinariamente práctica. Nadie entiende esto mejor que el gobierno federal. El desarrollo y el mantenimiento de una norma es increíblemente costoso, tan costoso que hasta ahora nadie ha sido capaz de evaluar el costo con precisión. Si bien los administradores del proceso de normalización pueden conocer los costos concomitantes de la gestión, producción, distribución y mantenimiento de una norma (que son considerables), los valores asociados con el tiempo, el conocimiento, la experiencia y la investigación asociada con el desarrollo de una norma de consenso completo no son cuantificables. Es así de grande.

Al dejar la producción de normas a las organizaciones de desarrollo de normas voluntarias, el gobierno federal es capaz de hacer ahorrar a los contribuyentes millones y millones de dólares. Esta decisión fue una de las motivaciones detrás de la emisión de la OMB Circular A-119A,⁴ y la NTTAA.

El proceso presupuestario federal es extremadamente complicado y requiere tiempo. Comienza con la orientación de la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB por sus siglas en inglés (la agencia federal que primero instó a las agencias a utilizar normas voluntarias y a participar en su desarrollo). Luego de desarrollar una estrategia presupuestaria, eso es, decidir qué solicitudes tendrán éxito, las agencias envían sus partidas presupuestarias de nuevo a la OMB con etiquetas de precio adjuntas. La OMB responde esencialmente, Esto es lo que podemos pagar. La agencia puede apelar a la decisión de la OMB, pero eventualmente, se debe enviar el presupuesto del presidente al Congreso, seguido de audiencias, sobreprecios, y votos.

En cualquier etapa de este proceso, las solicitudes de grandes honorarios futuros posibles, honorarios para la incorporación de las normas por referencia, o los costos de la elaboración de normas únicas para el gobierno estarían en gran riesgo. Los recortes presupuestarios son inevitables, y es fácil sacrificar el dinero para los proyectos de normas. Todo el proceso puede llevar cerca de un año, después del cual comienza de nuevo.

El desarrollo de normas no es un proceso que comienza una y otra vez, que se inicia un año y se pone en pausa por otros dos. La tecnología no va a esperar a que un proceso inseguro se complete y repita. Avanzará: esté listo o no. No se puede convocar grupos de expertos improvisadamente, solo para que sean despedidos debido a recortes presupuestarios, congelación de fondos de gobierno o fondos no asignados.

Así es como se vería el proceso de normas desarrollado por el gobierno, mientras que los problemas de salud y seguridad de la nación esperarían, sin ser resueltos y avanzando. Es por ello que su suceso, es extremadamente inusual.⁵ La Oficina de Administración y Presupuesto de los EE.UU., donde se inicia la orientación del presupuesto, y porque era su trabajo, hace años puso un fin a este escenario inviable e insensato, años antes de que el Congreso apruebe la decisión de hacerla la ley del país. En este caso, el papel del gobierno fue el de ser su propio asesor fiscal, y no había nadie mejor calificado para el trabajo.

La colaboración con organizaciones de normas voluntarias fue, y aún es, la mejor alternativa. ASTM International reconoce el valor de la participación gubernamental al mantener sus honorarios bajos para continuar con una alta participación gubernamental. Hay otra ventaja distintiva al desarrollar normas de consenso con el gobierno como participante: el cumplimiento voluntario. Sin problemas de cumplimiento, las regulaciones no serían necesarias, y se ahorraría más dinero.

Esta es la oportunidad perfecta para agradecer a los miembros de nuestro gobierno y a las agencias que apoyan ASTM International, un buen momento para agradecerles por las miles de veces que han compartido sus científicos, administradores, laboratorios e investigaciones con esta organización de normas. Gracias por ayudar a crear las mejores normas en el mundo, y gracias por utilizarlas. Sobre todo, agradecerles por su compromiso con esta asociación.

Referencias
1. El precursor del Instituto Nacional de Normas y Tecnología.
2. La National Technology Transfer and Advancement Act (Ley Nacional de Transferencia y Avance en Tecnología), la ley que dirige a las agencias federales a utilizar las normas desarrolladas por organizaciones de normas del sector privado, y participa en el desarrollo de normas desarrolladas por una organización de normas del sector privado. También dirigió a los organismos a notificar a las oficinas gubernamentales correspondientes cuando no quieren o no pueden cumplir con las primeras disposiciones.
3. El Decimosexto Informe Anual sobre el Uso de las Normas de Consenso Voluntario por parte de la Agencia Federal y Evaluación de Conformidad.
4. La Oficina de Administración y Presupuesto Circular, que estableció la política de Participación Federal en el Desarrollo y Uso de Normas de Consenso Voluntarias y en Actividades de Evaluación de Conformidad.
5. Antes de desarrollar una norma única de gobierno, las agencias deben informar a las oficinas gubernamentales correspondientes cuando no quieren o no pueden cumplir con las primeras disposiciones.

James A. Thomas
Presidente, ASTM International